Resumen
Rousseau propone la creación de un organismo llamado "tribunado", cuya función es presevar los poderes respectivos del soberano y del gobierno, evitando que ambos entren en conflicto. El tribunado se ocupa de mantener las leyes y protege el poder legislativo, pero como no forma parte de la Constitución; no puede ejercer ese poder, así como tampoco el ejecutivo. El tribunado no realiza acciones de gobierno, pero puede impedirlas; por eso tiene mucho poder. Rousseau sostiene que un buen tribunado es el medio más eficaz para hacer respetar la Constitución, pero el principal problema consiste en que puede llegar a ser demasiado poderoso para ser controlado. Una forma de evitar que esto ocurra es que los miembros de un tribunado cumplan con un mandato corto y fijo.
En algunas ocasiones, la inflexibilidad de las leyes puede impedir que el Estado responda a una crisis, puesto que la lentitud inherente a los procedimientos formales puede ser perjudicial para que el Estado actúe con rapidez. Por lo tanto, en casos urgentes, relativos a cuestiones de seguridad pública, se pueden suspender las leyes y otorgar el poder a un dictador. En este tipo de gobierno, se sigue respetando la voluntad general, porque la principal preocupación es la conservación del Estado. Sin embargo, es importante poner límites al tiempo que un dictador puede detentar el poder. Una vez superado este límite, el dictador es innecesario o se convierte en un tirano.
En la última parte de El contrato social, Rousseau centra su atención en la religión civil, uno de los temas más controversiales de su tratado. Él postula que, en tiempos anteriores al cristianismo, los pueblos consideraban a sus dioses como líderes políticos, y todos los gobiernos eran teocráticos. Las divisiones entre pueblos fomentó el politeísmo, porque en los conflictos bélicos, cada parte seguía a sus propios líderes-dioses. El politeísmo, a su vez, fomentó la tolerancia civil y religiosa entre los pueblos, porque cada uno rendía sus propios cultos. Fue el cristianismo el que cambió la organización de los Estados al promover la idea de un reino espiritual independiente de cualquier sistema político. De esta manera, separó los aspectos administrativos del Estado de los teológicos, y creó una fuente de conflictos entre los pueblos.
Rousseau define tres tipos de religión en función de los efectos que esta produce sobre el Estado. El primer tipo es la religión del hombre, que conecta al individuo con Dios y sigue las enseñanzas del Evangelio. Rousseau aprueba esta religión en términos abstractos, pero cree que es perjudicial para el Estado, porque los cristianos devotos cumplirán con sus deberes civiles sin convicción, valorando más la salvación espiritual que el éxito terrenal. El segundo tipo, la religión del ciudadano, es la que los pueblos tenían antes del cristianismo, la que une los aspectos religiosos y administrativos del Estado. En este tipo de religión, el amor a Dios refuerza el amor a las leyes, y el individuo obedece al Estado con devoción fanática. El problema es que esta religión promueve la intolerancia violenta hacia forasteros y creyentes de otras religiones. Hay un tercer tipo de religión, la de los sacerdotes, que, como el cristianismo, divide la Iglesia y el Estado. Rousseau desaprueba esta religión, porque confiere al individuo deberes contradictorios, obligándolo a dar prioridad tanto a su religión como a su deber civil.
En una sociedad ideal, se combinarían los dos primeros tipos para formar una religión civil. En esta religión, cada individuo sería libre de tener sus propias creencias, porque el soberano solo podría regular las cuestiones que afectan a la utilidad pública. Sin embargo, hay ciertas creencias que toda persona debería tener para ser un buen ciudadano. En general, el ciudadano debe creer en Dios, en la existencia de una vida después de la muerte y en la santidad del contrato social. También debe creer en la justicia y desaprobar la intolerancia. Aunque el soberano no puede obligar a nadie a aceptar estas creencias, sí puede desterrar del Estado a quienes no las posean.
Análisis
En los últimos capítulos, Rousseau aborda algunos de los temas más controversiales de El contrato social. Dos de ellos son la dictadura y la censura. Dado que ofrece argumentos para convalidar estas formas de gobierno, muchos académicos han sostenido que Rousseau se opone a la libertad personal y que aboga por los estados totalitarios. Él postula que, en tiempos de crisis, puede ser necesario suspender las leyes y que un dictador asuma el poder, lo que contradice su argumento de que la soberanía es inalienable. Pero Rousseau sostiene que se pueden restringir las libertades personales y suspender la legislación solo para que el dictador salve el Estado. En este punto, sostiene que es más importante preservar el Estado que respetar el contrato social.
Aunque parezca extraño que Rousseau apruebe las dictaduras, las referencias históricas que utiliza indican que él concibe estas formas de gobierno como una imposición que los gobernantes no desean. Por eso sostiene que los dictadores romanos se sentían agobiados por sus responsabilidades e intentaban deshacerse de sus cargos lo antes posible. De esta forma, Rousseau asume que, para la mayoría de la gente, ser dictador sería una responsabilidad y una carga, en lugar de una oportunidad para perseguir intereses privados.
A continuación, Rousseau se refiere a la censura, que, a su criterio, es una excelente forma de regular la moralidad del cuerpo político. Así como la ley expresa la voluntad general, la censura vendría a ser una forma de expresión de la opinión pública. Retomando argumentos previos, Rousseau sostiene que la opinión pública constituye la base de la moralidad de los ciudadanos. El pueblo siempre busca lo que es bueno, pero determinar qué es bueno o malo para el bien común es una cuestión que debe establecer la opinión pública. Por lo tanto, Rousseau sostiene que la moral puede reformarse cambiando esas opiniones. La censura es entonces necesaria para proteger la moralidad, porque impide que se corrompa la opinión pública.
Rousseau finaliza El contrato social estableciendo cómo debería funcionar la religión civil en los Estados saludables. Sus críticos han afirmado que estas ideas sobre religión atentan contra la idea de libertad civil que el propio Rousseau define en capítulos anteriores. De acuerdo con esta crítica, el hecho de que Rousseau fomente el culto al Estado y que le otorgue al soberano el poder de controlar las creencias de sus ciudadanos va en camino de sentar las bases para la formación de gobiernos totalitarios.
No obstante, es importante señalar que Rousseau postuló esta cuestión como cierre de El contrato social con el fin de resolver la relación entre la Iglesia y el Estado. Él sostiene que la separación que provocó el cristianismo entre estas dos esferas plantea un gran dilema. El cristianismo le dio al hombre deberes contrapuestos: uno para con la religión y otro para con el Estado, lo que hizo imposible que un individuo fuera al mismo tiempo un cristiano devoto y un buen ciudadano. Por esta razón, plantea que instaurar una religión civil restablece la unidad religiosa y moral dentro del Estado. En las sociedades precristianas, los Estados eran teocráticos y la religión formaba parte de los deberes que tenían los ciudadanos para con el cuerpo político. Pero cuando la teología y la política se separan, se torna necesario establecer, como parte del contrato social, cuál es el credo al que debe someterse el individuo si quiere formar parte de un Estado. En la actualidad, esta propuesta de Rousseau es inquietante, porque habilita a desterrar del Estado a los disidentes religiosos, habilitando que se manipule el credo y que se tiranice a la sociedad.
Rousseau finaliza la obra diciendo que ha sentado “los verdaderos principios del derecho político” (p.207), y que ahora resta sustentarlo por sus relaciones externas. Pero considera que esto es parte de otro tratado que, después de considerar sus fuerzas, decidió no escribir, limitando su trabajo a lo que constituye El contrato social, uno de los textos más influyentes para los acontecimientos revolucionarios que agitaron a Occidente a fines del siglo XVIII y durante las primeras décadas del siglo XIX.
