Resumen
El contrato social da vida al cuerpo político, pero es la ley la que ejecuta la voluntad general. Según Rousseau, una ley es una decisión que tiene en cuenta al Estado en su conjunto y no puede tomarse pensando en individuos particulares.
Dado que el pueblo a menudo no sabe cómo perseguir el bien común, Rousseau afirma que debe existir un guía que ayude al pueblo a elaborar la ley. Este guía, al que Rousseau llama “el legislador”, garantiza que la ley apoye la preservación del Estado. El legislador protege a la ley de ser manipulada por voluntades privadas, y también ayuda al pueblo a reflexionar sobre los beneficios de su implementación. Por eso, el legislador debe ser una persona extraordinaria en muchos aspectos. Debe ser extremadamente inteligente y capaz de resistir las pasiones del pueblo sin dejar de interesarse por su felicidad. También debe ser capaz de tener en cuenta el presente y el futuro a la hora de legislar. El legislador está en condiciones de transformar la naturaleza humana, de sustituir la existencia física por una existencia moral y de reforzar el poder del Estado. Aunque el legislador tiene un intelecto superior, el pueblo debe aprobar sus propuestas antes de que se conviertan en leyes. El pueblo no puede renunciar a este derecho legislativo, porque solo la voluntad general puede obligar a los particulares.
Dado que la soberanía sigue perteneciendo al pueblo, el legislador debe hacer que la ley sea comprensible para este y debe obligarlo a obedecer la ley sin utilizar la violencia. A lo largo de la historia, los legisladores han acudido a la autoridad divina para persuadir al pueblo de que apoye la ley. Rousseau afirma que la religión y la política no tienen las mismas finalidades, pero en las etapas iniciales de una sociedad, la religión puede ser una herramienta política poderosa.
Análisis
Rousseau comienza el capítulo 6 definiendo la ley como una decisión tomada por todo el pueblo que afecta a todo el pueblo. Se diferencia de un decreto en cuanto este tiene en cuenta a grupos o individuos particulares; el nombramiento de un dirigente político o el castigo de un delincuente concreto es un decreto. La definición de ley de Rousseau responde a muchas de las cuestiones que los filósofos políticos se han planteado a lo largo de la historia. Ya no es relevante determinar quién debe hacer la ley porque se define como expresión de la voluntad general. Tampoco se puede argumentar que un príncipe está por encima de la jurisdicción de la ley porque es un miembro del Estado. Además, la ley no puede ser considerada injusta, porque el pueblo es su autor.
Aunque Rousseau otorga el poder legislativo al pueblo, tiene varias dudas sobre el ejercicio concreto de la soberanía. Cree que el hombre común es fácilmente manipulable, y a menudo no es consciente de sus propias necesidades. En su argumento, la figura del legislador ayuda a corregir los defectos de un proceso legislativo popular, sin quitarle la soberanía al pueblo.
Para que la sociedad política de Rousseau funcione, los ciudadanos deben dar prioridad a la voluntad general sobre sus intereses privados. Se trata de una exigencia difícil, por lo que Rouseau reconoce que un legislador tendrá que ayudar al pueblo a perseguir el bien común. Así, describe al legislador como alguien con cualidades casi divinas, que debería ser “una inteligencia superior que viera todas las pasiones de los hombres” (p.84) sin experimentar ninguna, y que debería tener la capacidad de persuasión necesaria para llevar a cabo un cambio moral en el Estado, de modo que los ciudadanos den prioridad a los demás antes que a sí mismos. Muchos críticos de la teoría política de Rousseau se han centrado en la imposibilidad de encontrar en la realidad esa figura de guía casi inhumana.
El legislador ayuda al pueblo a sopesar los beneficios a corto plazo frente a los riesgos a largo plazo. También da a la legislación un sentido de tiempo y de lugar, y evita que los intereses privados distorsionen la articulación de la voluntad general. Todas estas son funciones cruciales del proceso legislativo, y sin la ayuda del legislador sería muy difícil preservar el Estado. La cuestión aquí planteada es si el pueblo puede hacer frente a las exigencias de la legislación sin la figura del legislador. En rigor, Rousseau sostiene que es muy difícil traducir a la lengua del vulgo las ideas sobre el bien común, puesto que “cada individuo, no gustando de otro plan de gobierno que el relacionado con su interés particular, percibe difícilmente las ventajas que debe sacar de las privaciones continuas que imponen las buenas leyes” (p.87). Es por eso que el legislador, a lo largo de la historia, ha atribuido su propia sabiduría a los dioses, recurriendo a una idea de autoridad celestial. Es en este sentido que la religión ha servido de instrumento a la política.
Rousseau cree firmemente en el poder que tienen las leyes para transformar la naturaleza humana, sustituyendo la libertad natural por la libertad civil, y convirtiendo al individuo en parte de un todo más amplio. El estado de naturaleza permite al hombre hacer lo que quiere, pero las leyes le dan un sentido del deber cívico y de moralidad que eleva la condición humana.
